Francia exige avanzar con las transacciones financieras

Fuente: Finanzas.com
Por: María Gómez Silva:

La tasa sobre las transacciones financieras, ¿una nueva carga para el ahorrador?
Bruselas propone aplicar un tipo del 0,1% al intercambio de bonos y acciones; y del 0,01% a los contratos con derivados

En un intento por recuperar el protagonismo perdido en favor de la todopoderosa canciller alemana, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha rescatado recientemente el proyecto de imponer una tasa sobre las transacciones financieras. El objetivo es garantizar que el sector financiero contribuya a la resolución de la crisis para compensar por el papel que desempeñó en el origen de la misma.

La Comisión Europea ya tiene una propuesta al respecto. Sin embargo, la propia Bruselas ha reconocido el riesgo que existe de que las entidades trasladen el coste a los clientes que operen con productos financieros. ¿Estamos pues ante una nueva carga para el ahorrador?

El documento presentado por el Ejecutivo comunitario en septiembre pasado establece un tipo del 0,1% al intercambio de acciones y bonos; y del 0,01% a los contratos con derivados, con el objetivo de gravar el 85% de las transacciones que se realicen. Para evitar el riesgo de deslocalización del sector –uno de los argumentos de Reino Unido para oponerse al gravamen- la tasa se aplicaría a cualquier transacción en la que participe un residente en la UE, incluso aunque se efectúe fuera del mercado común.

Bruselas estima que sería posible recaudar unos 57.000 millones de euros al año y propone repartir el dinero entre el presupuesto comunitario y los estados miembros de la UE, que durante la crisis han destinado 4,6 billones de euros al rescate del sector financiero y que están cortos de liquidez debido a la crisis de deuda.

Bruselas asegura que el "objetivo perseguido es aplicar el impuesto al sector financiero y no a sus clientes", según el documento.

Sin embargo, la propia Comisión reconoce que "en caso de que los clientes particulares o empresas compraran o vendieran productos financieros, las entidades podrían repercutir en ellos el impuesto". Así, calcula que para la adquisición de acciones por valor de 10.000 euros, el coste para el inversor podría equivaler a unos 10 euros, algo que la CE considera no "excesivo".

En realidad, el objetivo de Bruselas es gravar la actividad de "los bancos, las empresas de inversión, otras entidades financieras como las compañías de seguros, los agentes de cambio y bolsa, los fondos de pensiones, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y fondos de inversión alternativa como los fondos de cobertura, etc", según un documento de la CE.

Bruselas asegura que no se gravarían las transacciones efectuadas por los bancos minoristas en sus relaciones con empresas o clientes particulares, como préstamos bancarios, seguros o hipotecas.

Tampoco se penalizaría a las operaciones de cambio de divisas al contado, ni las emisiones de obligaciones y acciones en el mercado primario por parte de empresas públicas.

El Ejecutivo comunitario argumenta que la medida contribuiría a reducir las diferencias de fiscalidad dentro del mercado común europeo y tiene lógica ante los "bajos impuestos" de que se ha beneficiado el sector en comparación con otras actividades económicas, debido a la exención del IVA que se aplica a los servicios financieros –Bruselas calcula una ventaja fiscal de unos 18.000 millones de euros al año-.
La CE también defiende que Europa debe ser pionera en la aplicación del impuesto para dar ejemplo al resto de miembros del G-20, con los que aún no existe acuerdo.

Según el documento de Bruselas, países como Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Bélgica, Finlandia o Grecia, ya cuentan con algún tipo de tasa, pero deberían adaptarse a la propuesta bruselense, en caso de que ésta prosperara. En el caso de España, el Gobierno se vería obligado a ponerla en marcha desde cero.

Sin embargo, los inversores no deben alarmarse por el momento pues, pese a los esfuerzos de París, la propuesta de Bruselas genera mucha división.

Para empezar, la propia banca ha criticado la propuesta, por considerar que la imposición de cargas adicionales al sector contraerá aún más la llegada del crédito a la economía real, impactando en el crecimiento y el empleo, según un comunicado de la Federación Europea de Banca.

Tampoco entre los estados miembros hay consenso sobre el gravamen, al que se oponen con virulencia Reino Unido y Suecia, como quedó de manifiesto en la última reunión de ministros de Finanzas europeos en la que se discutió el tema, en noviembre pasado.